Esta iniciativa está compuesta por 1 capítulo y 16 artículos.

La propuesta presentada crea la Oficina Nacional de Infraestructura y Transporte Subterráneo, la cual funcionará como ente rector dependiente de la Presidencia de la República.

Esta oficina será financiada con los recursos que provengan del arrendamiento del subsuelo, así como equivalente al 0.20% de la inversión inicial de cada proyecto que se apruebe.