La iniciativa crea el Fondo Nacional de Crédito Educativo Universitario como una institución descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la administración y ejecución de los fondos para otorgar créditos educativos universitarios a jóvenes que carecen de recursos económicos y se encuentre entre los grupos vulnerables socialmente, y que soliciten tener acceso a la educación, esto a través de estudios socioeconómicos que determinarán a los beneficiarios que reúnan los requisitos que contemplará esta ley.

Tendrá su domicilio en el Departamento de Guatemala, su sede en la ciudad de Guatemala.

Se establece la forma que se integrará administrativamente.

Indicando que el Consejo Directivo se integrará con representantes del MINEDUC, MINFIN, MIDES, SEGEPLAN, CONJUVE y del Consejo de la Enseñanza Privada Superior.

Señala además que la Dirección General será el órgano administrativo superior y estará a cargo de un Director General que gozará de independencia técnica, de gestión  y ejercerá la representación legal.
Adicionalmente, se implementarían subdirecciones y las demás unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y su financiamiento.

Respecto al financiamiento será el Estado, en un plazo de diez años asignará recursos financieros (no menor de 3 mil millones de  quetzales) en forma gradual al Fondo, cuyo período comprende entre el año 2020 al 2029, y será el Ministerio de Finanzas Públicas, el que realice las readecuaciones presupuestarias Posteriormente, a los 10 años, el fondo se refinanciará con el 1% anual de intereses cobrados a los beneficiarios y su capital recuperado.

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