La economía guatemalteca, comparada con otras economías de similar nivel de ingreso, adolece de una insuficiencia de inversión nacional y extranjera, lo cual limita su capacidad de crecimiento, creación de empleo y con ello impide una mejora en las condiciones de vida de la población.

En este contexto, uno de los factores trascendentales que toman en cuenta los inversionistas para llevar sus capitales a países en vías de desarrollo, son los continuos e impredecibles cambios que estos países realizan a sus leyes. Dichos cambios se reflejan en las normas fiscales, restricciones a la transferencia, convertibilidad de divisas y nacionalizaciones; estos son algunos de los ejemplos para ilustrar cómo la inversión en algunos países se ha reducido.

Por el contrario, aquellos estados que cuentan con una normativa jurídica estable y clara, son bien vistos ya que existen facilidades para calcular el beneficio del proyecto y la obtención de los recursos para una inversión. Es por ello, que los mecanismos de estabilización surgen para conciliar la necesidad del Estado para atraer inversión, como el deseo del inversionista de colocar sus recursos en un país con un ambiente  económica y jurídicamente estable.

Los Contratos de Estabilidad Jurídica son aquellos acuerdos en los que el Estado garantiza estabilidad jurídica a los inversionistas que los suscriban, para que éstos durante un periodo razonable de tiempo no estén afectos a ninguna modificación de las normas en el ámbito tributario, aduanero, de regalías y ordenanzas municipales que pudiera darse posterior a la celebración del contrato.