El Estado de Guatemala ha venido  legislando en el tema de la discapacidad, para garantizar los derechos de igualdad de condiciones, para lo cual se ha referencia que  ha suscrito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo facultativo, tomando como base la Carta de Naciones Unidas que determina  “ las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad .”  Dicho Convenio fue  aprobado por el Decreto 59-2008 del Congreso de la República.

En dicha Convención se estableció, que es de su importancia  que  los  Estados, puedan adoptar medidas tanto de naturaleza legislativas, ejecutiva, y judicial, con la finalidad de incluir un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Las Naciones  Unidas, hacen ciertas recomendaciones entre las cuales destaca que  los gobiernos deberían realizar  encuestas que establezcan la verdadera  situación de las personas con incapacidad, en relación con los objetivos del desarrollo del milenio y  los obstáculos que se presentan dentro de la sociedad.

La CEPAL afirma que “en América latina,  la estrecha relación entre discapacidad y pobreza no se han logrado abordarse con prioridades, la igualdad de oportunidades solo se ha alcanzado a nivel normativa.”